Articulación habitacional : nuevas formas colaborativas de acceso a la vivienda en el Perú - Tácunan Salas, Eduardo Adán (2025)
Desde hace más de tres décadas, el Estado peruano ha ido desvinculándose progresivamente de su responsabilidad histórica en la garantía del acceso a la vivienda social en el país: Primero, mediante la desactivación de las entidades públicas encargadas de su producción; actualmente, no existe ninguna institución estatal dedicada a construir viviendas, ya que las que operaban han sido cerradas o están en proceso de liquidación. Segundo, transfiriendo la generación de vivienda al sector privado. Desde el año 2001, la función del Estado se ha limitado a promover la oferta habitacional a través de programas como MiVivienda y Techo Propio, los cuales continúan vigentes hasta hoy, con modificaciones menores. Tercero, el sector privado se limita a invertir en proyectos que le ofrecen mayor rentabilidad y están dirigidos a ciertos estratos socioeconómicos, con capacidad de ahorro, las viviendas al ser financiados en varios años, los intereses resultan excesivamente caros a largo plazo, inaccesibles para la gran mayoría de peruanos. Haciéndose proyectos en lugares que no son los adecuados para dinamizar la ciudad, ya que responden únicamente a criterios económicos de disponibilidad de terrenos. Las familias más pobres del país recurren a la informalidad y a la autoconstrucción “males necesarios”, ante la nula o limitada acción del gobierno tratado de resolver sus necesidades de vivienda, ingeniándose formas de acceder a una vivienda a falta de una política de Estado. Por tal razón se forman nuevos barrios urbanos marginales en zonas altamente vulnerables por los fenómenos naturales, pues se ocupan zonas en riesgo en cerros, quebradas y márgenes de ríos de manera ilegal a través del tráfico de terrenos y la autoconstrucción. “Actualmente, la policía estima que el 40% de la delincuencia del país esta generada por usurpación de tierras y sus delitos conexos” (Vera, 2018, parr. 1). La presente investigación propone nuevas formas de acceso a la vivienda de interés social como medio (o antídoto) para contrarrestar esa oferta de suelo urbano ilegal, producto del tráfico de tierras, a partir de una renovada participación del Estado. Se plantea impulsar lineamientos estratégicos que promuevan formas colaborativas de gestión y acceso, articulando actores públicos, privados y sociales. Estos buscan ampliar las oportunidades habitacionales para los sectores de menores recursos y contribuir a la transformación urbana, reduciendo la informalidad, la violencia y la segregación.